Autonomía procesal del Tribunal Consitucional: alcances, límites y propuestas de fortalecimiento

Buscando una explicación sobre el nacimiento de esta figura del Derecho Constitucional, es fundamental explorar en el Derecho Comparado. De manera más concreta, poner la mirada en el Tribunal Constitucional Federal Aleman (Bundesverfassungsgericht) resulta clave, ya que es considerada fuente directa de donde surge esta institución procesal, la cual por cierto ha sido objeto de críticas en su país de origen; motivo por el cual se plantea dudas sobre su aplicabilidad e idoneidad en el contexto peruano.

En ese entender, debe advertirse que esta potestad, per se, no es ilimitada, puesto que incluso vamos a ver límites expresos en la Ley del Tribunal Constitucional Federal Aleman, en adelante TCF. Dicha ley establece principios fundamentales, por lo tanto ineludibles en lo que respecta al proceso, además de por supuesto el no poder ampliar de forma arbitraria las propias competencias del TCF, debido a que viene regulada de manera expresa en la Constitución Federal Alemana en su artículo 93.2.

Ahora bien, aterrizando dicha autonomía procesal a un contexto nacional, es decir, Perú, el TC la reconoció y desarrolló a través de diversas resoluciones y sentencias. Claro ejemplo de ello es la Resolución N° 0020-2005-PI/TC, donde se estableció que el TC como máximo intérprete de la Constitución, tiene la facultad de complementar la regulación procesal constitucional mediante su jurisprudencia, siempre en el marco de los principios generales del Derecho Constitucional y de los fines de los procesos constitucionales. Ello ha permitido al TC regular aspectos como plazos, emplazamientos, notificaciones o admisibilidad de demandas; aspectos que muchas veces el legislador no toma en consideración.

En ese orden de ideas, a juicio propio, considero que desde su creación, el TC ha llegado incluso a desarrollar nuevas figuras procesales orientadas a fortalecer la protección de derechos fundamentales. Un ejemplo de ello es el redimensionamiento y evolución del denominado Recurso de Agravio Constitucional (RAC) en supuestos NO contemplados originalmente por el Código Procesal Constitucional. No obstante, el ejercicio de esta autonomía debe guiarse por ciertos criterios o requisitos, entre ellos destacan 2, por un lado la necesidad de garantizar una protección efectiva de los derechos fundamentales adaptando sus procedimientos caso por caso, y por otro lado la existencia de vacíos normativos en la Constitución o en materia Procesal Constitucional, es decir, el TC usará métodos de interpretacion Constitucional que justifiquen su intervención.

Pese a ello, una situación contradictoria y a mi forma de ver desafortunada dentro del ejercicio de esta libertad, fue lo que ocurrió en el RAC interpuesto a favor de la ejecución de una sentencia del Poder Judicial, resolución que recae en el Exp. Nº 00201-2007-Q/TC. Aquí se utilizó la autonomía procesal del Tribunal Constitucional para realizar por segunda vez un “redimensionamiento” del Recurso de Agravio Constitucional , se consideró que "de manera excepcional puede aceptarse la procedencia de dicho recurso cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias estimatorias las cuales se vieron subsumidas dentro de procesos constitucionales, y para quienes lo han obtenido mediante una sentencia expedida por el Poder Judicial". Ello pese a que la Constitución y la ley no lo avalaban ; lo mas curioso fue que incluso dicha resolución también fue suscrita por el señor Beaumont Callirgos ( Ex Magistrado del TC ) a pesar de que el artículo

18 del Código Procesal Constitucional precisaba en ese entonces los supuestos de procedencia del Recurso de Agravio Constitucional y el artículo 202 de la Constitución detalla rigurosamente cuáles son las competencias del Tribunal Constitucional.

En síntesis, la Autonomía Procesal del TC, per se, debe funcionar como un mecanismo complementario a un cuerpo normativo incompleto, como lo es la Constitución, siempre al servicio de la justicia constitucional y nunca como un poder absoluto y sin restricciones. No podemos negar que ha sido una herramienta crucial para lograr el fin del Estado Constitucional en el que vivimos, el cual es el reconocimiento, respeto y tutela de derechos fundamentales; sin embargo su aplicación requiere una cuidadosa gestión para evitar comprometer la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

REFERENCIAS:

Elaborado por: Sandro Joaquin Ruiz Calderón