El impacto del Estatuto del Consumidor en las relaciones de consumo

En el ordenamiento jurídico, las relaciones de consumo constituyen el vínculo jurídico y económico que se establece entre un proveedor o productor de bienes o servicios, un productor quien diseña, fabrica, ensambla o importan habitualmente productos, un proveedor o expendedor quien ofrece, suministra, distribuye o comercializa productos con o sin ánimo y un consumidor final que los adquiere para satisfacer necesidades personales, familiares o domésticas.

Encontramos la relevancia fundamental del Estatuto del Consumidor radica en equiparar las asimetrías de información y el poder de negociación que de manera natural favorecen a los agentes comerciales frente al comprador individual. Este marco legal normativo busca proteger al eslabón más débil de la cadena mediante un conjunto de garantías, entre las cuales destacan la calidad, la idoneidad, la seguridad de los productos, la protección contra la publicidad engañosa y las cláusulas abusivas en contratos de adhesión. Para alcanzar sus objetivos de equidad en el mercado y defensa del bienestar del usuario, el estatuto ofrece
herramientas sustanciales y procesales como la acción de protección al consumidor, el derecho de retracto, las garantías legales explícitas e implícitas, y el ejercicio de facultades administrativas sancionatorias y de inspección a cargo de las autoridades competentes.

Podemos mencionar un ejemplo; existe una relación de consumo cuando una persona compra un teléfono celular para uso personal, contrata un servicio de internet para su hogar o adquiere un electrodoméstico para satisfacer una necesidad familiar. En cambio, normalmente no existe una relación de consumo cuando una empresa compra bienes para incorporarlos directamente a su proceso productivo o para revenderlos, pues en ese caso actúa como parte de una cadena empresarial y no como destinataria final.

Por eso, la relación de consumo se caracteriza por la intervención de sujetos calificados, la adquisición o utilización de un bien o servicio, destinación final, profesionalidad del productor o proveedor y la asimetría económica e informativa. Así mismo, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que esta asimetría justifica una protección especial, porque el consumidor suele encontrarse en una posición de vulnerabilidad frente al profesional que produce o comercializa bienes y servicios. En cuanto a la protección del consumidor tiene fundamento directo en el artículo 78 de la Constitución Política, que ordena al legislador regular el control de calidad, la información que debe suministrarse, la responsabilidad en la producción y comercialización y la participación de las organizaciones en el estudio de las disposiciones que les corresponda.

Cabe mencionar que, la Ley 1480 de 2011 es importante porque desarrolla el mandato constitucional de protección al consumidor y establece un régimen general aplicable a las relaciones de consumo, el Estatuto del Consumidor (EC) es fundamental porque convierte la protección constitucional del artículo 78 en reglas
concretas sobre información, calidad, seguridad, garantías, publicidad, contratación, responsabilidad y procedimientos de reclamación y su finalidad última es proteger la dignidad, la libertad de elección y los intereses económicos del consumidor, restableciendo el equilibrio frente a productores y proveedores.

Agregando a las líneas anteriores, podemos decir que el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) ha marcado un hito en la evolución del derecho privado colombiano al reconfigurar las bases de la contratación masiva y las relaciones de mercado, más que un mero catálogo de reglas sustanciales, este marco normativo materializa la cláusula del Estado Social de Derecho y el mandato constitucional del artículo 78, al erigirse como un instrumento eficaz para nivelar las asimetrías estructurales informativas, técnicas y económicas que históricamente han subordinado al consumidor frente a los agentes de producción y comercialización.

El EC busca equilibrar una relación naturalmente desigual porque reconoce que el consumidor puede encontrarse en desventaja frente al productor o proveedor, especialmente por la diferencia enconocimientos técnicos, capacidad económica, información disponible, poder de negociación y experiencia en la celebración de contratos; por ello, la ley procura restablecer el equilibrio mediante reglas imperativas, deberes de información, garantías, controles administrativos y acciones judiciales. También, protege derechos esenciales del consumidor, en el artículo 1 de la Ley 1480 de 2011 establece como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar su dignidad y sus intereses económicos.

Por añadidura, el EC es muy importante porque regula la responsabilidad de productores y proveedores, establece un ámbito general y una aplicación supletoria, protege la información y las decisiones del consumo, proporciona mecanismos administrativos y legales; con toda la información podemos inferir que en base a las relaciones de consumo y la importancia del estatuto del consumidor se construye una relación comercial con un nivel de relevancia nacional como internacional. Lo más importante es que el Estatuto del consumidor esta adherido con el principio del pro consumatore, el cual será siempre interpretado de la forma más favorable para el consumidor debiendo ser objeto de interpretación estricta las excepciones a dichas normas.

A través de instituciones jurídicas transversales como el régimen de garantía legal, la responsabilidad objetiva por producto defectuoso, el control preventivo de cláusulas abusivas en contratos de adhesión y la regulación del comercio electrónico, la ley colombiana no solo tutela los intereses económicos y la idoneidad de los bienes en el tráfico comercial, sino que dignifica la posición del ciudadano en la economía digital y contemporánea. Asimismo, la consolidación del principio pro consumatore como criterio hermenéutico imperativo y el fortalecimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio en sus facetas
jurisdiccional y administrativa han transformado derechos dogmáticos en prerrogativas reales, efectivas y exigibles.

En definitiva, el impacto del Estatuto del Consumidor trasciende la simple solución de controversias particulares; por lo que, estimula la lealtad de la competencia, exige la profesionalización y ética de los proveedores e impulsa un mercado más transparente, seguro y equitativo; frente a los retos que imponen la inteligencia artificial, los entornos virtuales y las dinámicas globales de consumo, el ordenamiento jurídico colombiano cuenta hoy con un pilar flexible pero categórico, capaz de salvaguardar la libertad de elección, la seguridad y la dignidad humana del consumidor en el siglo XXI.

 

Elaborado por: Marye Quispe