El nuevo perfil del abogado: competencias tecnológicas para un ejercicio profesional competitivo

La transformación digital del sector jurídico ya no se discute en términos de si va a ocurrir, sino de qué perfil profesional exige. Entre las competencias que comienzan a diferenciar a un abogado de otro, las habilidades en programación ocupan un lugar cada vez más central. No se trata de que cada profesional del derecho deba convertirse en desarrollador, sino de que comprender la lógica detrás del software se vuelve tan relevante como saber redactar un contrato o argumentar un escrito. 

Durante años, la relación del abogado con la tecnología se limitó al uso de herramientas ya diseñadas: procesadores de texto, bases de jurisprudencia, sistemas de gestión de expedientes. Ese vínculo pasivo resulta insuficiente frente a la irrupción de la inteligencia artificial aplicada a la práctica jurídica. Comprender nociones básicas de programación permite a un profesional evaluar con criterio propio cómo funciona una herramienta de automatización, qué datos procesa, qué limitaciones tiene y qué riesgos supone su implementación en un estudio o en un departamento legal.

El legaltech no se construye únicamente en los equipos de tecnología; se construye en la intersección entre ese equipo y el conocimiento jurídico. Un abogado capaz de dialogar con lenguaje técnico básico, entender qué es una API, cómo se estructura una base de datos o qué implica automatizar un flujo documental, participa de ese diseño en lugar de limitarse a validarlo al final del proceso. Esa capacidad de intervención temprana suele traducirse en productos y servicios jurídicos mejor ajustados a la realidad normativa y menos expuestos a errores de implementación.

Competitividad profesional en un mercado que ya cambió

Estudios jurídicos, departamentos legales corporativos y organismos públicos incorporan de manera creciente soluciones basadas en automatización e inteligencia artificial para la gestión documental, la investigación jurídica y la atención de consultas masivas. En ese contexto, la ventaja competitiva ya no depende solo del conocimiento sustantivo del derecho, sino de la capacidad de operar, auditar y mejorar los sistemas que sostienen esa práctica. Los abogados que incorporen nociones de programación, aunque sea a nivel de lectura de código o de lógica computacional básica, estarán mejor posicionados para liderar procesos de innovación dentro de sus organizaciones, en lugar de quedar subordinados a decisiones tecnológicas tomadas por terceros.

Una brecha que también es institucional

Esta transformación individual del perfil profesional no puede desligarse de un fenómeno más amplio: la lentitud con la que buena parte de las instituciones judiciales de la región incorpora tecnología a sus procesos. En distintos países de América Latina, la modernización de los sistemas judiciales avanza de manera desigual, y esa brecha entre la capacidad tecnológica del sector privado y la infraestructura pública termina condicionando el alcance real de la innovación jurídica. Formar abogados con competencias digitales sólidas es una condición necesaria, pero no suficiente, si las instituciones que administran justicia no acompañan ese mismo proceso de actualización.

El desafío, entonces, no se agota en la formación individual. Involucra a las facultades de derecho, a los colegios profesionales y a los propios poderes judiciales, que deberán decidir si acompañan el ritmo de cambio del ejercicio profesional o si profundizan una distancia que, a mediano plazo, resultará cada vez más difícil de sostener.

 

Elaborado por: Micaela Silva