La evolución del divorcio en Argentina: un recorrido histórico y legislativo

El divorcio en Argentina ha sido un proceso marcado por cambios legislativos significativos que reflejan la transformación de las normas sociales y culturales. Desde una visión de matrimonio como lazo indisoluble hasta leyes que reconocen el derecho a disolver la unión, la evolución ha sido constante. 

Durante gran parte del siglo XX, la legislación Argentina no reconocía el divorcio vincular, lo que significaba que los matrimonios eran indisolubles. La única figura disponible era la separación personal, que permitía a las parejas vivir apartadas y dividir sus bienes, pero no disolvía el vínculo matrimonial. Esto impedía que las personas pudieran volver a casarse, un hecho que generaba serias complicaciones sociales y legales para quienes deseaban rehacer sus vidas.

La primera gran transformación llegó con la sanción de la Ley 23.515 en 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Esta ley, que generó un intenso debate público, introdujo el divorcio vincular, permitiendo por primera vez la disolución legal del matrimonio y la posibilidad de contraer nupcias nuevamente. Esta ley, contemplaba un sistema de causales de divorcio, es decir, la necesidad de invocar una razón específica y probada para solicitarlo, como el adulterio, las injurias graves, el abandono o el consentimiento de ambas partes después de un período de separación de hecho. Este modelo, si bien fue un avance, seguía atado a la demostración de "culpas" en el fracaso de la relación.

El cambio más significativo y reciente en la materia se produjo con la entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015 (Ley 26.994). Esta reforma eliminó por completo las causales de divorcio. Con el nuevo código, el divorcio se convirtió en un trámite incausado, lo que significa que ya no es necesario invocar ni probar ninguna causa para solicitarlo. El único requisito es la manifestación de voluntad de uno o ambos cónyuges de disolver el matrimonio. Este enfoque simplificó enormemente el proceso judicial y lo despojó del componente conflictivo de la "culpa", enfocándose en la autonomía de la voluntad de las personas.

En la actualidad, el sistema de divorcio en Argentina se basa en la autonomía de la voluntad y la desjudicialización del conflicto. La solicitud de divorcio puede ser presentada de forma unilateral o conjunta, y junto con ella se debe adjuntar una propuesta de convenio regulador. Este convenio es un documento que busca resolver las cuestiones derivadas de la disolución del matrimonio, como la atribución del hogar familiar, la distribución de los bienes, la cuota alimentaria y el régimen de comunicación de los hijos. De esta manera, el proceso se centra en los acuerdos y no en las disputas, promoviendo una resolución más pacífica y eficiente de las rupturas matrimoniales.

Por: Catalina Galatro