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agosto 11, 2026

Conocer a fondo a las personas y empresas con las que una organización se relaciona comercial, contractual o institucionalmente nunca ha sido un asunto menor en Colombia. Durante mucho tiempo fue, ante todo, un asunto lento. Consultar manualmente los antecedentes de una contraparte ante la Procuraduría, la Contraloría, la DIAN, las listas vinculantes de la OFAC o la ONU, los registros de la Cámara de Comercio y el sistema de información de la Rama Judicial podía tomar entre dos y cuatro horas de trabajo profesional calificado por cada caso. Multiplicado por el volumen de contrapartes que una organización activa vincula en un año (proveedores, contratistas, aliados, cooperantes, beneficiarios), el resultado es un consumo silencioso pero significativo de tiempo y recursos que pocas áreas jurídicas han tenido la oportunidad de calcular con honestidad. La inteligencia artificial no resuelve este problema quitándole protagonismo al responsable de cumplimiento; lo resuelve devolviéndole su recurso más escaso: el tiempo para pensar.
La regulación de la debida diligencia en Colombia ha madurado a través de distintos regímenes según el tipo de entidad. Para las personas jurídicas sujetas al SAGRILAFT, la obligación de debida diligencia abarca a todas las contrapartes con las que la organización tenga vínculos comerciales, contractuales o jurídicos de cualquier orden. Para el sector financiero, el SARLAFT impone exigencias aún más rigurosas. Más allá de los sujetos normativamente obligados, existe un universo amplio de organizaciones —empresas del sector real, asociaciones, fundaciones, entidades públicas, cooperativas— que desarrollan sus propios procesos de verificación como parte de su buen gobierno corporativo, sus políticas internas de cumplimiento o sus compromisos con cooperantes y financiadores nacionales e internacionales. En todas ellas, la pregunta de fondo es la misma: ¿cómo saber con quién estamos tratando, de manera oportuna, consistente y con trazabilidad verificable?
Los proveedores especializados de debida diligencia han cumplido históricamente un papel valioso en este aspecto, y su lugar en procesos de cumplimiento que demandan mayor escrutinio sigue siendo relevante: el análisis cualitativo, la experiencia sectorial y la independencia del criterio marcan diferencia cuando la vinculación así lo exige. Lo que la inteligencia artificial está transformando no es la utilidad de ese tipo de análisis, sino la arquitectura de los procesos cotidianos y la calidad de la información con la que el responsable de cumplimiento llega a la decisión.
Hemos evidenciado una nueva dinámica en la cual, mediante distintas capas, se obtienen resultados muy prometedores en la simplificación de la debida diligencia. La primera de estas capas es la integración con plataformas especializadas de verificación como Tusdatos, que permite validar contrapartes con tecnología avanzada en antecedentes y listas LAFT, accediendo a fuentes oficiales nacionales e internacionales con generación de reportes auditables. Mediante su API, el sistema propio de la organización recauda de manera estructurada información sobre listas vinculantes, antecedentes judiciales y disciplinarios, estado mercantil, situación tributaria y presencia en registros de beneficiarios finales. Pero ahí no termina el análisis. La segunda capa, y quizás la más diferenciadora, la proporciona un motor de rastreo en fuentes abiertas basado en inteligencia artificial generativa, mejor conocido como Deep research o investigación profunda, que, a partir del perfil de la contraparte, extiende la búsqueda hacia fuentes que las plataformas de verificación oficial no cubren: noticias en medios digitales regionales, menciones en foros especializados, publicaciones en redes sociales, registros en directorios de litigios, reportajes de periodismo de investigación y fuentes abiertas en general que pueden revelar alertas reputacionales, conflictos comerciales no resueltos o vínculos con personas o estructuras de riesgo que no aparecen en ninguna lista sancionatoria. Esta capacidad convierte al sistema en algo cualitativamente distinto a una consulta automatizada: genera inteligencia de riesgo donde antes había un trámite. Sin embargo, para lograr este nivel de detalle es importante que el responsable de cumplimiento posea conocimientos básicos en inteligencia artificial, ingeniería de prompts y pensamiento sistémico, pues debe adaptar a su operación y necesidades el funcionamiento de la inteligencia artificial usada.
La arquitectura resultante integra esas dos fuentes de información con los criterios de riesgo propios de la organización: su sector de actividad, su exposición geográfica, el tipo de relación jurídica que se conformará, el monto de la operación y la naturaleza de la contraparte. Al dotar el sistema con la matriz de riesgo calibrada y definida por el área de cumplimiento, este identifica hallazgos específicos, emite un veredicto y genera un informe estructurado que el responsable de cumplimiento puede revisar, validar, ajustar y documentar. Lo que antes era un proceso disperso en múltiples plataformas y fuentes heterogéneas llega ahora consolidado, organizado y con trazabilidad de fecha y hora, antes de que empiece la reunión de contratación.
Las ganancias de eficiencia son concretas. Una organización que procesa decenas de nuevas vinculaciones por año, suscribe contratos con múltiples proveedores de servicios especializados y coordina acuerdos con entidades públicas o cooperantes internacionales está tomando decisiones de vinculación de forma permanente. Con información organizada y actualizada de fuentes públicas accesible a partir del NIT (número de identificación tributaria) de la contraparte, es posible conocer su actividad económica, su tipo de organización, sus alertas relevantes y su solidez en cuestión de segundos. Cuando esa consulta se complementa con rastreo en fuentes abiertas, se aplica sobre una matriz de riesgo institucional y genera un expediente digital con retención configurable, el proceso de debida diligencia deja de ser una carga operativa para convertirse en una capacidad estratégica. La consistencia, uno de los pilares del cumplimiento efectivo, deja de depender de quién esté disponible ese día o de cuántas horas tenga el equipo jurídico.
Hay una condición sin la cual esta arquitectura no funciona, y no es técnica: es de criterio. El uso de inteligencia artificial en contextos profesionales exige supervisión humana y verificación de los resultados. En materia de gestión del riesgo, eso delimita con precisión el rol de cada parte en el proceso: el sistema investiga, organiza y pondera; el responsable de cumplimiento decide, firma y responde. Esa claridad en la atribución de responsabilidad es, paradójicamente, lo que hace que los sistemas de IA en debida diligencia sean más confiables que los procesos enteramente manuales, donde el criterio aplicado en cada caso puede depender de variables tan poco auditables como el tiempo disponible o la carga de trabajo de quien ejecutó la consulta.
El modelo descrito en este artículo no es una propuesta teórica. Es una arquitectura que existe y que fue diseñada e implementada desde la Dirección de Asuntos Legales de ANALDEX como respuesta a una necesidad institucional concreta. Esa experiencia confirma que las organizaciones colombianas no tienen que esperar a que el mercado les ofrezca la solución perfecta: con las herramientas tecnológicas disponibles hoy, el criterio jurídico propio y una comprensión clara del problema y aplicación del pensamiento sistémico, es posible construirla. Verificar con quién se contrata, bajo qué criterios y con qué nivel de trazabilidad ya no es una exigencia administrativa pendiente de cumplir. Es una decisión estratégica que está al alcance.
Superintendencia de Sociedades. (2020). Circular Externa 100-000016 de 2020. Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva — SAGRILAFT. https://www.supersociedades.gov.co
Tusdatos. (2026). Plataforma de debida diligencia y validación de contrapartes. https://www.tusdatos.co
Secretaría Jurídica Distrital. (2025). Sistemas de Gestión del Riesgo en Colombia: SARLAFT, SAGRILAFT y SIGRIP. https://secretariajuridica.gov.co
Elaborado por: Alejandro Emiliano Rodríguez Espinosa —Coordinador de Asuntos Legales en ANALDEX — Asociación Nacional de Comercio Exterior. Especialista en Derecho de los Negocios, Universidad Externado de Colombia.