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marzo 30, 2026

En el Perú el sistema judicial atraviesa una crisis estructural marcada por la acumulación excesiva de expedientes que se dilatan durante muchos años y una preocupante incapacidad de servicio al no brindar respuestas oportunas al ciudadano. El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, destaca que el sistema judicial es el pilar fundamental del sistema democrático al involucrarse con temas de la vida cotidiana en la ciudadanía (Crisis En El Sistema Judicial, 2018).
A consecuencia de esta crisis estructural se percibe una alta tasa de desconfianza en el sistema de justicia el cual puede llegar a la vulneración de los derechos fundamentales, como la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, al convertir resoluciones de conflictos en un proceso lento e incierto. Por ello, para miles de ciudadanos, la expresión “justicia que tarda no es justicia” reafirma una realidad actual burocrática agotadora. Aquello se evidenció en la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) donde más del 70% de la ciudadanía a nivel nacional no confían en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, el cual ha ido incrementando con los últimos años. Donde la población considera que confía “poco y nada” pasando del 62% al 71% entre los años 2022 y 2024 (La República, 2024, p. 23).
El Poder Judicial al ser uno de los poderes del Estado, reconocido constitucionalmente en su Capítulo VIII, se encarga de la administración de justicia y un control difuso. Asimismo, se manifiesta en el artículo 138 que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y esta se ejerce por el Poder Judicial con sus órganos jerárquicos. Esto significa que el poder de juzgar es una facultad que la ciudadanía otorga al Estado, siendo la decisión final de un juez nombrado bajo un sistema legal. Asimismo, la Convención Americana sobre Derecho Humanos, en su artículo 8 párrafo 1 establece la facultad y el derecho de toda persona a ser escuchada, con un plazo razonable, una autoridad judicial competente, independiente e imparcial y con las garantías correspondientes (University of Minnesota Human Rights Library, n.d.).
Sin embargo, ante el crecimiento exponencial de la conflictividad legal y social plasmada en el Perú, el número de jueces y secretarios se incrementa a un ritmo lineal y lento. Siendo una labor alborotado y exhaustivo el cual es perturbador la carga procesal existente día a día, ocasionando la lentitud procesal, la acumulación de casos y la sobrecarga de expedientes, afectando la eficiencia institucional y especialmente como una causal de la crisis en el Poder Judicial con las audiencias postergadas, archivos interminables y juzgados colapsados, evidencian una realidad que exige soluciones urgentes.
Actualmente en nuestra sociedad la inteligencia artificial se ha incrustado con el pasar del tiempo de manera silenciosa, pero a la vez profunda. Estando presente en múltiples servicios públicos y privados, en la banca digital, en la educación, en los asistentes virtuales, entre otros. Con el objetivo de ser una herramienta frente a problemas complejos, mejorar la gestión del tiempo, en la evaluación y análisis de toma de decisiones. La inteligencia artificial se incorpora como una necesidad inevitable ante el colapso del sistema del Poder Judicial y poder enfrentarlo para garantizar un acceso más eficaz a la justicia.
Esta implementación ya se puede presenciar en diversos países de América Latina, como en Argentina al desarrollar “Prometea” por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un sistema de inteligencia artificial para la optimización exponencial de procesos burocráticos y agilizar los procesos judiciales para el beneficio ciudadano que proporciona medios eficaces e innovadores. Aquella herramienta consiste en transferir conocimiento y procedimientos que permitan desarrollar algoritmos encargados de simplificar y agilizar los procesos y minimizar los errores (Corvalán & Le Fevre Cervini, 2020).
Asimismo, en Colombia, se encuentra “Pretoria” como una herramienta integral para la optimización y apoyo en los procesos de análisis, estructura y revisión de las sentencias de tutela presentes en la Corte Constitucional. Aquella se basa en la transparencia, innovación e independencia de la seguridad jurídica otorgando su seguridad y garantía de la protección de derechos fundamentales. Sus funciones se centran en la búsqueda, categorización y estadística (De Colombia, s.f.).
Por otro lado, en el Perú, la implementación de la Inteligencia Artificial presente en el Poder Judicial se presenta como una simbiosis necesaria. “Tucuy Ricuy” es un sistema inteligente desarrollado para el Poder Judicial del Perú en el 2021. Esta denominación quechua se presenta como un término utilizado desde el imperio Inca, el cual significa “el que todo lo ve”. Durante el desarrollo del imperio este personaje se encargaba de supervisar y proteger el cumplimiento de las leyes y mandatos en todo el territorio.
Transformándose en un software que ayuda a combatir casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en el Perú. “Con el objetivo de optimizar y reducir los tiempos de elaboración de escritos en las denuncias recibidas por los juzgados...” aquello lo señala Elvira Barrios Alvarado, la presentadora de este sistema e inteligencia artificial. Tucuy Ricuy al ser un sistema de integración digital cuenta con una capacidad de conocimiento del juez sin sustituirlo, estando constantemente en evaluación y organización de las sentencias de tutela. Alvarado, sostiene que gracias a la tecnología se permite el control, la rapidez y la accesibilidad permanente que ayuda a la reducción de la corrupción. Asimismo, este proyecto permite la ampliación de conocimiento del tribunal con soluciones innovadoras en la justicia y la disminución del tiempo de clasificación y análisis. (.:: Poder Judicial Del Perú ::., n.d., Párraga, n.d.)
Aquel proyecto se aprobó por la Resolución Administrativa N° 040-2021-CE-PJ, en ella se informa que el proyecto Tucuy Ricuy estableció cinco pilares como: Las alianzas estratégicas con el laboratorio de inteligencia artificial IA LAB y universidades peruanas con el objetivo de fortalecer los avances de la implementación de sistemas inteligentes dentro del sector judicial peruano. La creación de mecanismos financieros con apoyo del Banco Mundial y del BIRF para implementar tecnología judicial, incluyendo expediente electrónico y plataforma de interoperabilidad como estructura judicial. Promover una investigación que conceptualice el proyecto con el uso de conocimientos sólidos y confiables para resolver el problema específico. Sistematizar y organizar la jurisprudencia, con material relevante e incluso fallos. Redactar documentos de buenas prácticas para la gestión de casos de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar, donde se pueda identificar los posibles riesgos ante una vulneración durante la implementación del proyecto. (Poder Judicial del Perú, 2021, p.4)
La implementación y desarrollo del programa Tucuy Rucuy inició sus pruebas de conceptos en juzgados pilotos para poder evaluar los riesgos en denuncias de violencia de género, representó una temprana innovación en el Perú, siendo la primera vez que el Poder Judicial confío en un sistema de inteligencia artificial para evaluar los niveles de riesgo. Donde el desarrollo de los pilotos permitió entender que gracias a la IA se puede leer documentos de forma objetiva y eliminar errores. Tucuy Ricuy, fue parte del inicio de la integración de la tecnología inteligente y la transformación hacia la actual herramienta que trabaja junto al Poder Judicial, CURIA AI, encargada de asistir a los jueces “en el análisis de expedientes y la protección de resoluciones fundamentadas en un procedimiento de un minuto...” (Poder Judicial Presenta Asistente De Inteligencia Artificial “CURIA” Que Optimizará Servicio De Justicia, 2025)
En síntesis, la Inteligencia Artificial es una implementación que permanece como un sistema fundamental en la lucha contra el colapso sistémico judicial. En un país donde la justicia se espera sentada, la IA actúa como el motor de eficiencia necesaria para el desarrollo eficaz del servicio, permitiendo al juez recuperar su principal rol del análisis y la tutela jurisdiccional efectiva. No obstante, aquella también va a atravesar constantes desafíos y transformaciones como el sistema Tucuy Ricuy. Puesto que el ciudadano necesita conocer el cumplimiento de los procesos logísticos y evitar errores automatizados; por ello los miembros del Poder judicial deben estar capacitados tanto en el juicio crítico y el uso técnico de las herramientas. El camino de la justicia moderna ya está funcionando en el Perú, pero es importante respetar los límites del procedimiento de datos, sin establecer un completo reemplazo al sistema judicial sino de dotarlo en una tecnología necesaria para la resolución de conflictos.
Elaborado por: Cielo Arce