La ilusión de la verdad: el constitucionalismo supranacional frente al caos digital.

Hace poco vi a mi madre atrapada en la pantalla de su teléfono, absolutamente convencida de que dos expresidentes de la Nación mantenían un romance secreto. La prueba era una imagen de ambos sentados en una plaza, comiendo un pancho (si así como te imaginas y lo lees); una foto ridículamente falsa, inventada por una Inteligencia Artificial y subida a la plataforma de Instagram. Esto era una ironía, porque de chico ella misma me arrastraba lejos del televisor advirtiéndome que esa caja de colores lavaba el cerebro y que nada de lo que mostraba era real. Hoy, el analfabetismo tecnológico invirtió los roles. El problema ya no es el acceso a la información, sino nuestra absoluta indefensión ante el simulacro.

Los que gastamos los días entre expedientes, códigos y audiencias en juzgados, sabemos que el derecho civil y penal se hamacan en realidades tangibles. Pero en el "derecho vivo" (ese laberinto de principios que sostiene la convivencia) se está jugando la piel en un terreno abstracto: las pantallas. La supervivencia de nuestra democracia ya no se define en los cuartos oscuros, sino en las condiciones de habitabilidad de los entornos digitales. El interrogante de fondo dejó de ser técnico hace rato; es estrictamente institucional. ¿Cómo podemos aseguramos que la red sea un espacio democrático y no un feudo controlado por la desinformación organizada o por corporaciones desreguladas?

Para entender este barro hay que ir a los fierros teóricos. Luigi Ferrajoli (2014) introdujo una categoría clave: los "bienes artificiales". Internet y el conocimiento en red expandieron derechos fundamentales históricos como la educación, la información y la libertad de pensamiento. Por ende, la disponibilidad de la red y la veracidad de lo que consumimos ahí no son mercancías ni lujos de consumo masivo; son un servicio público global. El problema es que en el derecho positivo tradicional se queda corto. La infraestructura digital ignora los límites soberanos. En la globalización, los titanes tecnológicos operan como poderes globales, completamente emancipados de los controles políticos estatales y de los vínculos que impone la ley escrita. Dejar la red a merced de estos "poderes salvajes" de las finanzas es firmar la quiebra de la democracia sustancial, transformando la verdad en un privilegio de pocos o en un chiste de algoritmo.

La salida no va a venir de parches legislativos locales. La respuesta institucional exige mirar cómo el derecho internacional procesal penal resuelve las amenazas transfronterizas. Cuando el crimen organizado o la corrupción superan las fronteras, el Estado Argentino no improvisa en soledad: activa la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la de Delincuencia Organizada Transnacional o los mecanismos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. El auxilio recíproco funciona porque hay un marco vinculante superior.

Esa misma fuerza legal hay que trasladarla urgentemente al ecosistema digital para rescatar la soberanía informativa. No alcanza con multas aisladas de una secretaría de comercio local. Necesitamos lo que Ferrajoli define como un "constitucionalismo supranacional": un sistema de garantías de legalidad global que plantee límites normativos duros y leyes antimonopólicas internacionales a las plataformas. La red tiene que ser declarada formalmente un bien común de la humanidad para poder edificar una esfera pública planetaria que proteja al ciudadano común.

La ley no puede ser un enunciado inerte de manual universitario; es la única herramienta pacífica que inventamos para emparejar la cancha frente a los poderes concentrados. El acceso a la verdad en los entornos digitales debe consolidarse como una garantía irrenunciable en un nuevo pacto global. Esto implica una doble urgencia: alfabetizar digitalmente a grandes y chicos para que distingan la realidad de una farsa pixelada, y exigir una arquitectura legal que deje de tratar a los ciudadanos como simples usuarios de un feudo privado. La pasividad institucional ante el monopolio digital es, lisa y llanamente, la entrega de la soberanía, sobre todo de nuestra soberanía digital, que se encuentra moviendo masas poblacionales, en la nueva era moderna de la humanidad.

Referencias

• Ferrajoli, L. (2014). La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político (P. Andrés Ibáñez, Trad.). Editorial Trotta.

• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (s.f.). Tratados Internacionales - Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal. República Argentina.

Elaborado por: Lucas Gruszycki