La incorporación de la inteligencia artificial en la administración de justicia: ¿eficiencia o riesgo para el debido proceso?

En los últimos años, la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico ha dejado de ser una posibilidad lejana para convertirse en una realidad concreta que impacta directamente en la forma en que se administra justicia. Este fenómeno responde tanto a la necesidad de modernizar los sistemas judiciales como a la urgencia de enfrentar la sobrecarga procesal que caracteriza a muchos países. En ese contexto, su incorporación se presenta como una respuesta tecnológica frente a problemas estructurales del sistema, especialmente en aquellos escenarios donde los recursos humanos resultan insuficientes y la demanda de justicia continúa en un aumento sostenido. Sin embargo, este avance no está exento de cuestionamientos, especialmente cuando se analiza desde la perspectiva de las garantías fundamentales. ¿Es posible mantener la esencia de la justicia cuando intervienen sistemas tecnológicos en la toma de decisiones? Esta interrogante planteada nos obliga a reflexionar no solo sobre la utilidad de la inteligencia artificial, sino también sobre los límites que deben imponerse para evitar que su uso afecte principios esenciales como la motivación de las resoluciones y el derecho a un juez humano.

Desde una perspectiva funcional, la inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta útil para optimizar diversas tareas dentro del sistema judicial. En ese sentido, Betanzos Torres, Márquez Roa y Garrido López (2025) señalan que “la IA no sustituye al ser humano, sino que sirve como mecanismo de apoyo para la ejecución de tareas”. Esta afirmación permite comprender que el rol de estas tecnologías no es reemplazar al juez, sino asistirlo en actividades que requieren el manejo de grandes volúmenes de información y la sistematización de datos complejos. Asimismo, los mismos autores indican que “la implementación de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales facilita el análisis de grandes cantidades de datos jurídicos, lo que permite identificar precedentes que mejoran la eficiencia de los procedimientos judiciales”. Esta capacidad de procesamiento permite optimizar tiempos, reducir cargas operativas y mejorar la organización del trabajo jurisdiccional, lo cual resulta especialmente relevante en contextos donde existe una alta carga procesal. No obstante, ello no implica una sustitución del razonamiento humano, ya que, como también precisan, “la IA contribuye a una administración de justicia más ágil, al tiempo que garantiza que no sustituye a la toma de decisiones humana”. En esa misma línea, Aguilar Díaz (2023) señala que “la IA es y será una herramienta que facilita al ser humano el potenciar la calidad y añadir valor a su trabajo”. Igualmente, el mismo autor explica que “la IA está creada por un grupo de seres humanos quienes deciden la finalidad y estructura del algoritmo”. De este modo, la inteligencia artificial puede ser beneficiosa siempre que exista un uso responsable y consciente por parte de los operadores jurídicos, quienes mantienen el control final de las decisiones.

No obstante, el uso de inteligencia artificial en el ámbito jurídico también plantea riesgos significativos que afectan directamente la calidad de las decisiones judiciales. En particular, uno de los principales problemas es la posibilidad de incorporar sesgos en los resultados generados por estos sistemas. En este punto, Tovar (2025) resalta que “la IA no es neutral”. Esta afirmación resulta especialmente relevante, ya que evidencia que los algoritmos pueden reproducir prejuicios presentes en los datos con los que han sido entrenados. A ello, también se suma el riesgo del denominado sesgo de automatización, que puede llevar a los operadores jurídicos a confiar excesivamente en los resultados generados por la tecnología, reduciendo el nivel de análisis crítico. En relación con ello, Castro Huamán (2026) sostiene que “la inteligencia artificial puede constituir una herramienta tecnológica capaz de optimizar la gestión judicial”. Del mismo modo, el autor precisa que su utilización “permite automatizar tareas repetitivas, facilitar la búsqueda y el análisis de información jurídica”, lo que evidencia su utilidad en el desarrollo de actividades jurídicas. A pesar de ello, también deja en claro que la inteligencia artificial “no pretende sustituir al operador jurídico, sino potenciar su capacidad de trabajo”. De la misma forma, Tovar (2025) advierte que “el derecho a un juez humano no se limita a la presencia física de quien dicta una sentencia: implica reconocer la dignidad y la singularidad de las personas que acuden a la justicia”, lo que refuerza la necesidad de preservar la intervención humana.

Desde el plano constitucional, la problemática adquiere una relevancia aún mayor, ya que se vincula directamente con el debido proceso y la motivación de las decisiones judiciales. La exigencia de que toda resolución esté debidamente fundamentada implica que el razonamiento jurídico debe ser claro, verificable y accesible para las partes. En este contexto, la utilización de inteligencia artificial plantea interrogantes sobre la transparencia de los procesos decisionales. Como advierte Tovar (2025), “los algoritmos pueden funcionar como “cajas negras” difíciles de auditar”. Esta falta de transparencia puede afectar el derecho de defensa y la posibilidad de cuestionar las resoluciones judiciales. Por otro lado, Betanzos Torres, Márquez Roa y Garrido López (2025) advierten que “si bien la IA podría llevar a cabo eficazmente la subsunción, aún está lejos de ser capaz de resolver cuestiones relacionadas con la ponderación jurídica”. Esto evidencia que existen dimensiones del razonamiento jurídico que no pueden ser replicadas por una máquina, especialmente aquellas que requieren valoración contextual. En esa misma línea, los autores también destacan que “los seres humanos poseen inteligencia emocional y la capacidad de establecer marcos basados en valores esenciales para la búsqueda de la justicia”. Este elemento resulta fundamental, ya que demuestra que la toma de decisiones judiciales no puede reducirse a un proceso automatizado.

En consecuencia, el uso de inteligencia artificial en la administración de justicia no resulta incompatible con el orden constitucional, pero sí exige la imposición de límites claros que garanticen la protección de los derechos fundamentales. La clave radica en entender que estas herramientas deben ser utilizadas como mecanismos de apoyo y no como sustitutos del razonamiento jurídico. La supervisión humana, la verificación de la información y la transparencia en los procesos decisionales son condiciones indispensables para asegurar que la tecnología no afecte la legitimidad de las decisiones judiciales ni la confianza en el sistema de justicia. En este sentido, el derecho a un juez humano adquiere una importancia central, ya que garantiza que las decisiones sean adoptadas por una persona capaz de comprender el contexto, valorar las circunstancias y actuar con criterios de justicia.

En definitiva, y a manera de conclusión, la inteligencia artificial representa una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia del sistema judicial, pero su uso debe estar orientado por principios que preserven la esencia de la justicia. No se trata de rechazar la tecnología, sino de integrarla de manera responsable, asegurando que el control humano siga siendo el elemento central en la toma de decisiones. La justicia no puede reducirse a un proceso automatizado, ya que implica una dimensión ética y humana que no puede ser replicada por algoritmos. Mantener este equilibrio es, hoy en día, el principal desafío en un contexto donde la tecnología avanza de manera constante y redefine los límites tradicionales del derecho.

Referencias Bibliográficas

Elaborado por: Bryan Mina