La Inteligencia Artificial en la práctica jurídica y el riesgo de la ceguera voluntaria del abogado

La inteligencia artificial (en adelante IA) se ha convertido en una de las tecnologías más influyentes de nuestro tiempo, transformando progresivamente distintos ámbitos profesionales. El Derecho no ha sido ajeno a esta evolución, y cada vez más herramientas digitales comienzan a integrarse en la práctica jurídica cotidiana.

Su incorporación en el trabajo de los abogados es cada vez más visible: desde la redacción de escritos, el análisis de grandes volúmenes de información legal y hasta la búsqueda de jurisprudencia.

Sin embargo, este avance tecnológico plantea una cuestión fundamental: ¿Puede la IA reemplazar el criterio jurídico del abogado? La respuesta, desde la práctica profesional y la ética jurídica, es clara: no.

La IA como apoyo al razonamiento del jurista:

Es menester reconocer que la IA no puede concebirse como un sustituto del criterio jurídico, sino como un instrumento que puede ampliar las capacidades analíticas del abogado, siempre que exista una supervisión humana responsable. La IA puede procesar grandes cantidades de información, identificar patrones y facilitar el acceso a fuentes jurídicas. No obstante, carece de la capacidad de interpretación contextual, razonamiento ético y comprensión de las particularidades humanas que caracterizan al ejercicio del Derecho.

Recordemos que la IA puede ordenar información y procesar enormes volúmenes de datos en poco tiempo. Sin embargo, no carga con las consecuencias jurídicas ni puede captar la dimensión humana que rodea a los conflictos legales. Aunque esta comprensión emocional no se encuentra igualmente desarrollada en todos los profesionales, su cultivo resulta fundamental en la práctica jurídica, pues el Derecho no solo interpreta normas, sino también realidades humanas.

Por ello, el uso de la IA debe orientarse a asistir y organizar el trabajo jurídico, permitiéndonos analizar mejor la información, pero nunca a sustituir la decisión del jurista. El Derecho trata de personas, no de datos; la IA puede “pensar” mucho, pero el jurista no puede permitirse pensar poco.

El criterio profesional y la responsabilidad del abogado frente al uso de la IA

El uso de la IA dentro de la práctica jurídica exige mantener firme el criterio profesional del abogado. Estas herramientas pueden asistir en la organización de información, la elaboración preliminar de textos o la identificación de antecedentes jurídicos; sin embargo, su utilización debe ir siempre acompañada de una revisión crítica y rigurosa por parte del profesional del Derecho.

En este sentido, la IA debe entenderse únicamente como un asistente que facilita ciertas tareas, pero nunca como un mecanismo que sustituya la verificación jurídica. Corresponde al abogado validar las fuentes utilizadas, contrastar la información con jurisprudencia real y asegurar la coherencia del análisis jurídico. En definitiva, somos garantes de la veracidad de cualquier antecedente o fuente que citemos, pues la responsabilidad profesional no puede delegarse en una herramienta tecnológica.

Un ejemplo claro ocurrió en Argentina (Poder Judicial de Tucumán, 2025), donde una abogada citó seis fallos judiciales que en realidad no existían. Al solicitarle que acreditara las referencias, no pudo hacerlo, e incluso en una de las citas figuraba explícitamente “source=chatgpt.com”.

La decisión no solo implicó multa y pérdida de honorarios, sino también la apertura de un expediente ante el Tribunal de Ética.

Por otro lado, en Colombia, la Corte Suprema de Justicia (Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, 2026) examinó el actuar de un abogado que presentó un escrito con normas tergiversadas y varias citas de jurisprudencia inexistente, las cuales posteriormente reconoció haber obtenido mediante el uso de IA. La Corte recordó que el uso de estas herramientas no está prohibido, pero advirtió que el abogado sigue siendo responsable del contenido de los escritos que presenta. En ese contexto, explicó el concepto de “ceguera voluntaria”, entendido como la decisión consciente de no verificar la información pese a conocer el riesgo de que los sistemas de IA generen datos o precedentes inexistentes.

Estos casos no constituyen una crítica al uso de la IA, sino que evidencia los riesgos de eludir el criterio profesional y la diligencia necesaria para verificar la información, atribuyendo el error a un supuesto “fallo tecnológico”.

Uso de la inteligencia artificial en la práctica jurídica y su regulación emergente

En los últimos años, diversos bufetes de abogados en Estados Unidos han comenzado a incorporar sistemas avanzados de IA para optimizar tareas como la revisión de documentos, la búsqueda de jurisprudencia, el análisis de contratos y la organización de información jurídica. Entre estas tecnologías destacan los sistemas basados en Retrieval-Augmented Generation (RAG), (LaFleur, 2026), que combinan modelos de lenguaje con bases de datos jurídicas para mejorar la precisión en la recuperación y generación de información legal. Estas herramientas facilitan procesos de legal research y la elaboración preliminar de documentos, permitiendo que los abogados dediquen más tiempo al análisis estratégico de los casos. No obstante, el uso de IA no sustituye el juicio profesional del abogado, quien sigue siendo responsable de supervisar y verificar la información generada.

En esa misma línea, algunos sistemas judiciales han comenzado a establecer reglas específicas para el uso de estas tecnologías. Por ejemplo, los tribunales administrativos franceses (Conseil d'État, 2025) han aprobado normas que permiten utilizar IA como herramienta de apoyo, pero bajo supervisión humana y garantizando principios como la transparencia, la trazabilidad y la protección de datos.

Asimismo, en China, se han desarrollado iniciativas orientadas a integrar sistemas de IA dentro de la administración de justicia. En la ciudad de Shenzhen, por ejemplo, se implementó en 2023 un sistema de juicios asistido por IA que interviene en etapas como la revisión de documentos, las audiencias y la elaboración de resoluciones judiciales (Xinhua, 2025). Este sistema se integra con bases de datos jurídicas para analizar los hechos del caso e identificar precedentes relevantes, contribuyendo a reducir los tiempos de tramitación y mejorar la eficiencia judicial. No obstante, las autoridades judiciales han enfatizado que estas herramientas funcionan únicamente como apoyo al trabajo jurisdiccional, manteniéndose la responsabilidad final en manos de los jueces.

Conclusión

La incorporación de la IA en el ámbito jurídico representa una oportunidad significativa para mejorar la eficiencia en tareas como la investigación legal, la revisión de documentos o la organización de información. Sin embargo, su utilización exige que el abogado desarrolle un criterio crítico frente a estas herramientas. Saber utilizar la IA no implica delegar el razonamiento jurídico, sino comprender sus alcances y limitaciones, verificar rigurosamente la información que produce y emplearla de manera responsable como apoyo al análisis jurídico.

En ese sentido, el verdadero desafío para la profesión jurídica no radica en la presencia de la IA, sino en la capacidad del abogado para integrarla de forma ética y diligente dentro de su práctica. La responsabilidad profesional, la interpretación del Derecho y la valoración de las circunstancias humanas continúan siendo funciones esencialmente humanas. Por ello, el jurista debe mantener siempre el control y la supervisión sobre cualquier herramienta tecnológica que utilice en su ejercicio profesional, entendiendo que la tecnología puede asistir al razonamiento jurídico, pero nunca reemplazar el criterio ni la responsabilidad que caracterizan al jurista.

Referencias

Elaborado por: Géremi Sandiga