Ley N.° 30424: Sanciones para las Empresas Dentro de un Proceso Penal

1.    INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la industrialización y globalización de las actividades económicas han generado un escenario en el cual las empresas son utilizadas como instrumentos para facilitar, promover u ocultar delitos. Por ello, los legisladores implementaron modificaciones al Código Penal y Código Procesal Penal, además de incorporar una normativa específica, la Ley N.° 34024 - ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, orientada a combatir la delincuencia en el ámbito empresarial.

La referida ley señala la responsabilidad administrativa/penal autónoma de las personas jurídicas, estableciendo un marco legal que reconoce a las empresas como sujetos capaces de responder directamente por ilícitos penales, distinta a la responsabilidad penal individual de los integrantes de la alta direccion, sus representantes o colaboradores.

Según Percy García […] el sistema jurídico contempla otras medidas adicionales a la sanción penal, como es el caso del comiso de las ganancias obtenidas ilícitamente, las medidas preventivas frente a situaciones objetivas de peligrosidad o el pago de la reparación civil por el daño. En el presente ensayo, abordaremos las principales sanciones determinadas por la Ley N° 30424 y los requisitos para su aplicación.

2.    RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA/PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Desde el 01 de enero de 2018, se encuentra vigente la Ley N.° 30424, la norma establece sancionar autónomamente a las personas jurídicas, cuando sus funcionarios cometen en su nombre y beneficio, los delitos aduaneros, tributarios, colusión, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, terrorismo, entre otros.

Si bien existe una discusión respecto a la naturaleza de la responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito de la Ley N.° 30424, la doctrina mayoritaria señala que nos encontramos ante una responsabilidad penal, toda vez que las sanciones se imponen dentro de un proceso, garantías y decisión de un juez penal. Sin embargo, los argumentos resultarían insuficientes considerando que dentro de un proceso penal se pueden imponer sanciones de distintas naturalezas.

Sin perjuicio de lo señalado y siguiendo la posición mayoritaria que reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se han desarrollado diversas teorías sobre el modelo o sistema de atribución que justifican la indicada responsabilidad. Entre ellas destacan el modelo vicarial y el de auto‑responsabilidad. La mayoría de las teorías coinciden en admitir la existencia de tres elementos de atribución, algunos añaden un cuarto, y la discusión es entonces donde colocarlos sistemáticamente:

-       Delito base o hecho de conexión: delito cometido por un integrante de la empresa.

-       Conexión funcional: actuación en nombre o por cuenta de la empresa, así como el beneficio de la persona jurídica.

-       Defecto de organización o defecto estructural: falta de adopción de medidas de prevención y control.

-       ¿Cuarto nivel? La cultura corporativa contraria a Derecho: existencia de una cultura corporativa contraria a Derecho, según Gomez-Jara, o no respetuosa con la legalidad, según Feijoo Sánchez.