Trabajo doméstico y trabajo decente en Colombia: los límites de la formalización a partir de la Ley 2466 de 2025

El trabajo doméstico remunerado constituye una de las actividades laborales más importantes y,
al mismo tiempo, más invisibilizadas en Colombia. Ya que, aunque este resulte indispensable para
el sostenimiento de los hogares, y más importante, para la efectiva participación de millones de
personas en el mercado laboral, este ha ocupado históricamente una posición subordinada
dentro de la estructura productiva y jurídica del país. Esta situación ha afectado especialmente a
las mujeres, quienes representan la inmensa mayoría de las personas trabajadoras en el sector.
Durante décadas, el trabajo doméstico fue concebido más como una extensión de las labores de
cuidado tradicionalmente asignadas a las mujeres que como una actividad laboral merecedora
de las mismas garantías reconocidas a otros trabajadores. Como consecuencia, las trabajadoras
domésticas han enfrentado niveles persistentes de informalidad, bajos ingresos y limitaciones en
el acceso a la seguridad social. Esta realidad contrasta con los avances normativos alcanzados en
los últimos años y plantea una pregunta fundamental: ¿por qué, a pesar del fortalecimiento del
marco jurídico normativo, el trabajo doméstico continúa presentando importantes desigualdades
respecto al trabajo decente?
La investigación toma como punto de referencia el concepto de trabajo decente desarrollado por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entendido como aquel que garantiza condiciones
de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, así como acceso efectivo a derechos
laborales, protección social, diálogo social e ingresos adecuados. Desde esta perspectiva, el
trabajo doméstico ha sido identificado como una de las labores que mayores déficits presenta en
cada una de estas dimensiones. La propia OIT ha señalado que la invisibilidad del trabajo realizado
dentro de los hogares, la feminización del sector y la persistencia de relaciones laborales
marcadas por profundas asimetrías de poder han dificultado históricamente la materialización de
estos principios. Diversos estudios también han mostrado que el trabajo doméstico continúa
asociado a procesos de desvalorización económica y simbólica, derivados de la percepción de que
las tareas de cuidado constituyen habilidades “naturales” de las mujeres y no competencias
laborales que deban ser reconocidas y remuneradas adecuadamente. Esta perspectiva resulta
fundamental para comprender por qué los avances legales no siempre se traducen en mejoras
efectivas para las trabajadoras.
En este contexto surge la Ley 2466 de 2025, una reforma que busca fortalecer los mecanismos de
formalización del trabajo doméstico en Colombia mediante la obligatoriedad del contrato escrito
y el registro formal de la relación laboral. Sin duda, se trata de un avance significativo en términos
de reconocimiento jurídico, pues contribuye a cerrar brechas históricas de protección y reafirma
la obligación de garantizar condiciones laborales dignas para quienes desempeñan estas
actividades. Sin embargo, uno de los hallazgos centrales de la investigación es que resulta
prematuro evaluar el éxito o fracaso de la ley únicamente a partir de su contenido normativo.
Debido a su reciente entrada en vigor, muchas de sus disposiciones aún no han sido plenamente
implementadas ni acompañadas por instrumentos institucionales capaces de garantizar su
cumplimiento. En consecuencia, la existencia de nuevas obligaciones legales no implica

automáticamente la transformación de las prácticas laborales que históricamente han
caracterizado al sector.
A partir del análisis documental y sociojurídico realizado, se identificaron tres grandes barreras
que limitan la efectividad de la formalización. La primera corresponde a las debilidades
institucionales existentes en los mecanismos de inspección, vigilancia y sanción. A diferencia de
otros sectores económicos, el trabajo doméstico se desarrolla en el ámbito privado del hogar, lo
que dificulta considerablemente la supervisión estatal y restringe las posibilidades de verificar el
cumplimiento de la normativa laboral. La segunda barrera está relacionada con el
desconocimiento generalizado de las obligaciones legales tanto por parte de los empleadores
como de las propias trabajadoras. Aunque la ley establece nuevas exigencias, una parte
importante de tanto los empleadores como trabajadores involucrados, carecen de información
suficiente sobre sus derechos y deberes, lo que reduce los incentivos para su formalización.
Finalmente, la tercera barrera corresponde a las dinámicas socioculturales que históricamente
han rodeado esta actividad. La percepción del trabajo doméstico como una ayuda personal o una
extensión natural de las tareas femeninas continúa debilitando la percepción de obligatoriedad
jurídica y favoreciendo la reproducción de relaciones laborales informales.
Esta última barrera merece especial atención debido a su profundidad y persistencia. La
investigación encontró que la informalidad del trabajo doméstico no puede explicarse
únicamente por factores económicos o jurídicos, sino también por patrones culturales arraigados
que han normalizado la desigualdad dentro del sector. La cercanía afectiva entre empleadores y
trabajadoras, frecuentemente expresada mediante fórmulas como “es parte de la familia”, puede
terminar diluyendo los límites de la relación laboral y debilitando la exigibilidad de derechos. De
manera similar, la asociación histórica entre trabajo doméstico, género, clase social y, en muchos
casos, origen étnico-racial, ha contribuido a consolidar formas de desvalorización que trascienden
el ámbito normativo. Por esta razón, la formalización no depende exclusivamente de la existencia
de leyes más robustas, sino también de transformaciones culturales que permitan reconocer el
trabajo doméstico como una actividad profesional indispensable para el funcionamiento de la
sociedad y la economía.
En conclusión, la Ley 2466 de 2025 representa un paso importante en el proceso de
reconocimiento jurídico del trabajo doméstico en Colombia, pero constituye apenas un punto de
partida. Los hallazgos de esta investigación sugieren que la persistencia de la informalidad
responde a factores estructurales que exceden el ámbito legislativo y que requieren respuestas
integrales por parte del Estado y de la sociedad. En consecuencia, la consolidación del trabajo
decente en este sector demanda fortalecer las capacidades institucionales de inspección y
seguimiento, desarrollar estrategias pedagógicas que promuevan el conocimiento de los
derechos laborales y avanzar en procesos de profesionalización que contribuyan a revalorizar
socialmente esta actividad. Más que producir nuevas normas, el desafío consiste en garantizar
que los derechos ya reconocidos puedan hacerse efectivos en la vida cotidiana de las trabajadoras
domésticas. Solo entonces será posible cerrar la brecha existente entre el reconocimiento jurídico
y la realidad material que continúa caracterizando al sector.

Elaborado por: Mariana Hernández