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noviembre 11, 2026

El artículo 8.º del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) consagra el derecho a la defensa y establece, como parte de esta garantía, que el procesado podrá ejercerla «en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal» a partir de la imputación. Sin embargo, esta disposición dista de materializarse plenamente en la práctica. Aunque con la formulación de imputación comienza una nueva etapa en la actuación procesal, el procesado y su defensor desconocen, por regla general, los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida con los que cuenta el ente acusador. En su lugar, conocen un relato de los hechos jurídicamente relevantes y su correspondiente calificación jurídica provisional, sin disponer necesariamente de los elementos que sustentan esa narración. Esta situación dificulta la construcción de una estrategia defensiva seria, informada y técnicamente fundamentada.
Desde esta perspectiva, el escenario descrito plantea tensiones con los principios que orientan el sistema penal oral acusatorio. Si uno de los propósitos de la reforma procesal que dio lugar al actual Código de Procedimiento Penal, hace más de dos décadas, era promover los mecanismos de terminación anticipada y evitar que la mayoría de los conflictos penales llegaran a juicio, el desconocimiento de los elementos de convicción durante las etapas iniciales puede convertirse en un obstáculo para alcanzar ese objetivo. En efecto, sin conocer los fundamentos probatorios de la hipótesis de la Fiscalía, la defensa difícilmente puede evaluar de manera integral la viabilidad de aceptar cargos, explorar un preacuerdo u optar por otra alternativa procesal. Esta limitación puede prolongar la duración de los procesos e incrementar el desgaste de la administración de justicia. Además, desde la experiencia práctica del litigio, es frecuente que las posibilidades de negociación se valoren con mayor claridad una vez surtida la audiencia de formulación de acusación, cuando la defensa tiene acceso a los elementos probatorios descubiertos por la Fiscalía en los términos previstos por la ley.
En la misma línea, el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal consagra el principio de contradicción y reconoce a las partes la posibilidad de conocer y controvertir las pruebas, así como de intervenir en su formación y práctica, de conformidad con las reglas procesales aplicables. No obstante, la oportunidad en la que se materializa el acceso a los elementos de conocimiento plantea un interrogante relevante: ¿puede hablarse de una contradicción efectiva si la defensa carece, durante las
primeras etapas de la actuación, de información suficiente para evaluar la hipótesis de la Fiscalía y definir su estrategia? El problema no radica únicamente en la posibilidad formal de controvertir la prueba durante el juicio oral, sino también en contar oportunamente con la información necesaria para decidir cómo ejercer la defensa. El acceso temprano a los elementos pertinentes permitiría valorar alternativas de terminación anticipada o preparar de manera más eficaz la controversia probatoria en juicio.
La desigualdad se hace más evidente si se considera que la Fiscalía General de la Nación dispone de una estructura institucional de investigación, de equipos especializados y de herramientas técnicas para recaudar y analizar información. Mientras el ente acusador puede desarrollar su hipótesis investigativa y conservar bajo su custodia los elementos recaudados, la defensa enfrenta limitaciones para conocerlos y contrastarlos oportunamente. Si bien la diferencia de funciones entre la Fiscalía y la defensa es inherente al diseño del sistema penal acusatorio, ello no debería traducirse en una desventaja injustificada que impida al procesado ejercer de manera efectiva sus derechos. La igualdad de armas no exige que ambas partes cuenten con idénticos recursos, sino que dispongan de oportunidades procesales reales para preparar y sostener sus respectivas posiciones.
En este contexto adquiere especial relevancia el proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal que viene trabajando el Ministerio de Justicia. Entre los cambios que se han planteado se encuentran modificaciones sustanciales a la estructura de las audiencias y a las condiciones de acceso de la defensa a la información probatoria. Según el alcance de las propuestas descritas, una primera modificación consistiría en que la audiencia de formulación de imputación dejaría de ser obligatoria en todos los casos y pasaría a tener carácter facultativo. En segundo lugar, la audiencia de formulación de acusación asumiría un papel central como punto de partida de la actuación bajo el esquema propuesto y se realizaría ante los jueces de control de garantías. Finalmente, una de las modificaciones más relevantes para el objeto de este análisis sería el suministro, por intermedio del juez de control de garantías, de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los informes de los que se tenga conocimiento, incluidos aquellos que resulten favorables al procesado, con el propósito de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de contradicción.
De concretarse en esos términos, esta última propuesta podría representar un avance en la materialización de la igualdad de armas. El acceso oportuno a la información no solo permitiría a la defensa conocer los fundamentos de la hipótesis acusatoria, sino también identificar elementos que la debiliten, contrastar las versiones disponibles y adoptar decisiones procesales con mayor fundamento. Asimismo, contribuiría a que las posibilidades de
terminación anticipada fueran evaluadas sobre una base informativa más completa y a que la preparación del juicio oral comenzara en condiciones de mayor equilibrio. En todo caso, el alcance real de este cambio dependerá de la redacción definitiva de la reforma, de las reglas que regulen el acceso a la información y de las garantías previstas para proteger los derechos de las partes y el adecuado desarrollo de la investigación.
Desde la perspectiva de la defensa penal, este posible cambio permitiría avanzar hacia una garantía que, en ocasiones, se percibe más como una declaración normativa que como una realidad procesal. El desconocimiento de los elementos recaudados durante las etapas iniciales ha generado dificultades para ejercer una defensa plenamente informada y ha puesto de manifiesto las asimetrías existentes entre el procesado y el Estado. En ese sentido, el debate no se limita a determinar en qué momento deben conocerse los elementos probatorios, sino que exige preguntarse qué condiciones son necesarias para que el derecho a la defensa y el principio de contradicción tengan eficacia material desde el comienzo de la actuación.
En conclusión, si el proyecto de reforma modifica y adiciona las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal para garantizar un acceso oportuno y suficiente de la defensa a los elementos de conocimiento de la Fiscalía, podría contribuir al fortalecimiento de la igualdad de armas y a una administración de justicia más eficiente. Una defensa informada desde las primeras etapas favorece tanto la evaluación responsable de las alternativas procesales como la preparación de una controversia probatoria efectiva. El reto consiste en que la reforma no se limite a reconocer formalmente nuevas facultades, sino que establezca condiciones procesales que permitan ejercerlas de manera real, compatible con las garantías constitucionales y con las exigencias propias de un sistema penal acusatorio.
Elaborado por: Dr. Juan Felipe Criollo Figueroa – Miembro del Colegio de Abogados Rosaristas