#Colombia

#IgualdadDeArmas

#ReformaProcesal

noviembre 11, 2026

Verdadera igualdad de armas a partir del proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal

Juztina 065

El artículo 8.º del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) consagra  el derecho a la defensa y establece, como parte de esta garantía, que el  procesado podrá ejercerla «en plena igualdad respecto del órgano de  persecución penal» a partir de la imputación. Sin embargo, esta disposición  dista de materializarse plenamente en la práctica. Aunque con la  formulación de imputación comienza una nueva etapa en la actuación  procesal, el procesado y su defensor desconocen, por regla general, los  elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información  legalmente obtenida con los que cuenta el ente acusador. En su lugar,  conocen un relato de los hechos jurídicamente relevantes y su  correspondiente calificación jurídica provisional, sin disponer  necesariamente de los elementos que sustentan esa narración. Esta  situación dificulta la construcción de una estrategia defensiva seria,  informada y técnicamente fundamentada. 

Desde esta perspectiva, el escenario descrito plantea tensiones con los  principios que orientan el sistema penal oral acusatorio. Si uno de los  propósitos de la reforma procesal que dio lugar al actual Código de  Procedimiento Penal, hace más de dos décadas, era promover los  mecanismos de terminación anticipada y evitar que la mayoría de los  conflictos penales llegaran a juicio, el desconocimiento de los elementos de  convicción durante las etapas iniciales puede convertirse en un obstáculo  para alcanzar ese objetivo. En efecto, sin conocer los fundamentos  probatorios de la hipótesis de la Fiscalía, la defensa difícilmente puede  evaluar de manera integral la viabilidad de aceptar cargos, explorar un  preacuerdo u optar por otra alternativa procesal. Esta limitación puede  prolongar la duración de los procesos e incrementar el desgaste de la  administración de justicia. Además, desde la experiencia práctica del litigio,  es frecuente que las posibilidades de negociación se valoren con mayor  claridad una vez surtida la audiencia de formulación de acusación, cuando  la defensa tiene acceso a los elementos probatorios descubiertos por la  Fiscalía en los términos previstos por la ley. 

En la misma línea, el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal  consagra el principio de contradicción y reconoce a las partes la posibilidad  de conocer y controvertir las pruebas, así como de intervenir en su  formación y práctica, de conformidad con las reglas procesales aplicables.  No obstante, la oportunidad en la que se materializa el acceso a los  elementos de conocimiento plantea un interrogante relevante: ¿puede  hablarse de una contradicción efectiva si la defensa carece, durante las 

primeras etapas de la actuación, de información suficiente para evaluar la  hipótesis de la Fiscalía y definir su estrategia? El problema no radica  únicamente en la posibilidad formal de controvertir la prueba durante el  juicio oral, sino también en contar oportunamente con la información  necesaria para decidir cómo ejercer la defensa. El acceso temprano a los  elementos pertinentes permitiría valorar alternativas de terminación  anticipada o preparar de manera más eficaz la controversia probatoria en  juicio. 

La desigualdad se hace más evidente si se considera que la Fiscalía General  de la Nación dispone de una estructura institucional de investigación, de  equipos especializados y de herramientas técnicas para recaudar y analizar  información. Mientras el ente acusador puede desarrollar su hipótesis  investigativa y conservar bajo su custodia los elementos recaudados, la  defensa enfrenta limitaciones para conocerlos y contrastarlos  oportunamente. Si bien la diferencia de funciones entre la Fiscalía y la  defensa es inherente al diseño del sistema penal acusatorio, ello no debería  traducirse en una desventaja injustificada que impida al procesado ejercer  de manera efectiva sus derechos. La igualdad de armas no exige que ambas  partes cuenten con idénticos recursos, sino que dispongan de  oportunidades procesales reales para preparar y sostener sus respectivas  posiciones. 

En este contexto adquiere especial relevancia el proyecto de reforma al  Código de Procedimiento Penal que viene trabajando el Ministerio de  Justicia. Entre los cambios que se han planteado se encuentran  modificaciones sustanciales a la estructura de las audiencias y a las  condiciones de acceso de la defensa a la información probatoria. Según el  alcance de las propuestas descritas, una primera modificación consistiría  en que la audiencia de formulación de imputación dejaría de ser obligatoria  en todos los casos y pasaría a tener carácter facultativo. En segundo lugar,  la audiencia de formulación de acusación asumiría un papel central como  punto de partida de la actuación bajo el esquema propuesto y se realizaría  ante los jueces de control de garantías. Finalmente, una de las  modificaciones más relevantes para el objeto de este análisis sería el  suministro, por intermedio del juez de control de garantías, de los elementos  materiales probatorios, la evidencia física y los informes de los que se tenga  conocimiento, incluidos aquellos que resulten favorables al procesado, con  el propósito de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de contradicción. 

De concretarse en esos términos, esta última propuesta podría representar  un avance en la materialización de la igualdad de armas. El acceso oportuno  a la información no solo permitiría a la defensa conocer los fundamentos de  la hipótesis acusatoria, sino también identificar elementos que la debiliten,  contrastar las versiones disponibles y adoptar decisiones procesales con  mayor fundamento. Asimismo, contribuiría a que las posibilidades de 

terminación anticipada fueran evaluadas sobre una base informativa más  completa y a que la preparación del juicio oral comenzara en condiciones de  mayor equilibrio. En todo caso, el alcance real de este cambio dependerá de  la redacción definitiva de la reforma, de las reglas que regulen el acceso a la  información y de las garantías previstas para proteger los derechos de las  partes y el adecuado desarrollo de la investigación. 

Desde la perspectiva de la defensa penal, este posible cambio permitiría  avanzar hacia una garantía que, en ocasiones, se percibe más como una  declaración normativa que como una realidad procesal. El desconocimiento  de los elementos recaudados durante las etapas iniciales ha generado  dificultades para ejercer una defensa plenamente informada y ha puesto de  manifiesto las asimetrías existentes entre el procesado y el Estado. En ese  sentido, el debate no se limita a determinar en qué momento deben  conocerse los elementos probatorios, sino que exige preguntarse qué  condiciones son necesarias para que el derecho a la defensa y el principio  de contradicción tengan eficacia material desde el comienzo de la actuación. 

En conclusión, si el proyecto de reforma modifica y adiciona las  disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal para garantizar  un acceso oportuno y suficiente de la defensa a los elementos de  conocimiento de la Fiscalía, podría contribuir al fortalecimiento de la  igualdad de armas y a una administración de justicia más eficiente. Una  defensa informada desde las primeras etapas favorece tanto la evaluación  responsable de las alternativas procesales como la preparación de una  controversia probatoria efectiva. El reto consiste en que la reforma no se  limite a reconocer formalmente nuevas facultades, sino que establezca  condiciones procesales que permitan ejercerlas de manera real, compatible  con las garantías constitucionales y con las exigencias propias de un  sistema penal acusatorio.

Elaborado por: Dr. Juan Felipe Criollo Figueroa – Miembro del Colegio de Abogados  Rosaristas

Comparte este artículo

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • WhatsApp