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agosto 26, 2026

El artículo sostiene que la IA es compatible con la función administrativa en Colombia, pero no puede alterar las garantías que legitiman el poder público: legalidad, debido proceso, motivación y responsabilidad. La tecnología puede apoyar competencias existentes, pero no crearlas ni sustituir la voluntad de la Administración, y la Corte Constitucional (Sentencias T-323 de 2024 y T-008 de 2026) ha reforzado la exigencia de trazabilidad y explicabilidad sin requerir revelar el código fuente. Otros riesgos clave son la discriminación algorítmica derivada de datos históricos y la imposibilidad de que la entidad se excuse alegando que "fue el algoritmo". La propuesta central es un debido proceso algorítmico proporcional: a mayor autonomía del sistema e impacto en derechos, mayor intensidad de las garantías exigidas.